“Disponer como media cautelar la prohibición al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y presidente de la República, Luis Abinader, de participar en actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de las entidades gubernamentales, durante el período oficial de la presente campaña; y de que participe en actos públicos de las entidades gubernamentales que promuevan los candidatos del PRM a las elecciones municipales de febrero del 2024”, dice la instancia sometida a través de la Secretaría General de la JCE.
El delegado Político de la FP, Manuel Crespo, al depositar el documento de diez páginas, recordó al presidente Luis Abinader y a la dirigencia del partido oficial, que el uso de los recursos del Estado en actos proselitistas, representa una violación flagrante tanto, a las normas establecidas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23, así como la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos 33-18.
“Solicitamos disponer a través de la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones en ocasión de las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares de la JCE, la realización de una investigación que determine las ocurrencias de las infracciones administrativas denunciadas y las que pudieran resultar de otras denuncias”, señaló.
El también miembro de la Dirección Política atribuyó el uso indiscriminado de los recursos estatales, a la desesperación del presidente Luis Abinader y los funcionarios de la fallida reelección, porque en las encuestas independientes, inclusive las que mandan a realizar desde el Palacio Nacional, su derrota es inminente.
“Estas acciones desmedidas del uso ilegal de los recursos del Estado, también han sido denunciadas y condenadas por organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana, la cual para mediados del pasado año 2023, señaló mediante comunicado que el uso de los recursos del Estado en los procesos electorales era apreciable a través del uso de la publicidad gubernamental, que lo único que perseguía era promover los precandidatos o candidatos oficialistas”, recordó.
Manuel Crespo citó como muestra fehaciente del uso de los recursos del Estado, la venta de boletos que realizaba el director general del Consejo Nacional de la Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Porfirio Peralta, alto dirigente perremeista, quien tuvo que reconocer públicamente que era una rifa de un movimiento político promotor de la reelección del presidente Abinader a lo interno de la institución.
Además, la FP en la instancia solicitó a la JCE denunciar ante la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales a todas las personas que han participado en la comisión de los crímenes o delitos electorales denunciados, tal y como lo establece el artículo 309 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral.