Según el escrito, interpuesto ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el 24 de junio pasado, y al que tuvo acceso EFE este viernes, la compañía demandante reclama 8 millones de dólares en daños y perjuicios a Aerodom, operador, administrador y explotador económico de varios aeropuertos en República Dominicana.
La demanda alude a disputas relativas a diversos acuerdos relacionados con servicios de catering en varios aeropuertos dominicanos, donde la sociedad de responsabilidad limitada con sede en Carolina, Estados Unidos, opera concesiones de alimentos y bebidas a través de su filial Inversiones Llers SRL (Llers).
Estos servicios se prestaban mediante dos contratos de subconcesión, uno para servicios en terminales, firmado en 2005, y otro para servicios de catering a bordo, firmado en 2021, acuerdos que se prorrogarían automáticamente si se extendía la concesión principal de Aerodom con el Gobierno dominicano.
Según el contenido de la demanda, la ampliación del contrato entre las autoridades del país y la operadora, que gestiona varios aeropuertos en territorio dominicano, se produjo en noviembre de 2023 para extenderlo hasta marzo de 2060.
Sin embargo, MGI denuncia que Aerodom y Vinci han intentado limitar la extensión de los contratos de subconcesión a solo cinco años, contrariamente a los términos acordados, algo que, según la empresa demandante constituye un incumplimiento del contrato y ha provocado «perturbaciones económicas y operativas significativas».
Entre los argumentos expuestos para sustentar la denuncia, MGI afirma que en 2020 la filial Llers inició, a instancias de Aerodom y Vinci, «importantes inversiones» en los aeropuertos internacionales de Las Américas y El Higüero, ambos en Santo Domingo; el Gregorio Luperón, en Puerto Plata (norte); el María Montez, en Barahona (sur), y El Catey y Arroyo Barril en Samaná (noreste).
Entre las inversiones, la demanda señala la construcción de una nueva cocina de catering a bordo en el Aeropuerto Las Américas, que supuso el desembolso de más de 28 millones de dólares, cuya construcción se completó el mayo y está previsto que esté operativa en julio próximo.
Según MGI, Aerodom y Vinci han impedido los preparativos para el inicio de operaciones en el nuevo catering a bordo, por lo que «ha tenido que desviar esfuerzos y recursos para garantizar la ejecución de sus ampliaciones de contrato», en un momento en el que estos esfuerzos y recursos «deberían centrarse en garantizar el inicio de operaciones de la nueva cocina a bordo según lo previsto».
Estos retrasos, «tendrían un efecto adverso en las declaraciones, compromisos y acuerdos realizados por MGI con diferentes aerolíneas» y, según reza el texto, «ha sufrido y puede sufrir daños económicos y consecuencias en relación con sus compromisos con terceros y daño reputacional».
Cuestionado por EFE a este respecto, el equipo jurídico de Aerodom ha rehusado hacer «comentarios en este momento sobre ese proceso particular».