La organización política señaló que muchos de los conceptos y disposiciones introducidos en la pieza legislativa, chocan con el ordenamiento constitucional vigente, incluyendo acuerdos internacionales ratificados por nuestro país que por ende forman parte del bloque constitucional.
Indicó asimismo, que estos atentan contra los avances que en materia de ampliación de derechos ha logrado nuestra sociedad a lo largo de décadas de luchas democráticas.
Precisó, que de convertirse en ley algunas de las disposiciones contenidas en el texto aprobado por el Senado, podrían ser objetadas ante el Tribunal Constitucional.
Además, señaló que independientemente de eso, las nuevas reglas que se pretenden introducir representarían un grave retroceso con relación a normas existentes, en detrimento de los avances y garantías alcanzados por la República Dominicana en materia de derechos humanos.
Para la APD, el hecho mismo de que se pretenda introducir medidas que limitan derechos, refleja las grandes contradicciones que caracterizan a nuestro país en el presente.
“Crecemos económicamente y nos pretendemos cada vez más modernos y sin embargo, aceptaríamos como válidas formas de pensamiento y prácticas sociales, que ya han sido superadas en la mayor parte de los países del mundo”, dijo la APD.
Para fundamentar sus puntos de vista, la Alianza por la Democracia señaló específicamente varios de los artículos del Código Penal propuesto que expresan un significativo retroceso con relación a la Ley 136-03 que establece el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
También respecto a la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer, así como los acuerdos internacionales ratificados acerca de los derechos de las mujeres, en particular la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.
Para la APD, lo establecido en el párrafo III del artículo 123 puede conducir a la impunidad en casos de castigo corporal de los padres a sus hijos, al determinar que la violencia no es delito si esta no es sistemática. Esto se contrapone al compromiso asumido por el país de poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez.
Por su parte, al limitar la violación al hecho de la penetración, el artículo 134 favorece la impunidad e introduce una concepción sobre las relaciones entre parejas impropia de este tiempo, dejando fuera de los mecanismos de sanción múltiples formas de violación. En este sentido, el texto establece un trato de favor para los violadores.
Lejos de desalentar las diferentes formas de discriminación de que pueden ser objeto las personas, el proyecto las favorece cuando en sus artículos 185 y 187, elimina la discriminación por orientación sexual y dificulta la persecución de la discriminación como parte de la acción pública. Esto es contrario a lo planteado en nuestra Constitución, en la que se rechaza toda forma de discriminación por cualquier causa.
Al igual que en estos tres casos, son muchos otros los artículos del proyecto de Código Penal aprobado por el Senado en que se vulneran derechos fundamentales y se contravienen acuerdos internacionales.
Para la Alianza por la Democracia, estos cambios legislativos regresivos son el reflejo del avance, en el país y en otras partes del mundo, de posiciones políticas e ideológicas extremistas contrarias a los derechos, a la dignidad humana y a la igualdad social.
Como en muchos otros países del mundo, ese avance representa, de una forma u otra, una amenaza para un régimen de libertades públicas y derechos democráticos como el que está consagrado en la Constitución de la República y con el que la APD reitera su compromiso al asumir como su línea política central en el momento actual la profundización del cambio.