El letrado sostuvo que el Ministerio Público ha notificado a la mayoría de los implicados, pero no a sus clientes, por lo que el “el tribunal tuvo a bien aplazar la audiencia, para que todos los involucrados estén debidamente informados”.
Calamar es un expediente instrumentado por la Procuraduría Especializada en Persecusión de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que acusa a funcionarios del pasado gobierno de sustraer dinero público para campañas políticas y operar una red de cobro de sobornos a los comercios que instalaron máquinas tragamonedas.