Con el reglamento, reclamado por diferentes sectores de la vida nacional, el Gobierno busca hacer efectiva la referida ley mediante la organización de las competencias de los entes y órganos del Estado; además, crear espacios de coordinación interinstitucional para promover, proteger y asegurar los derechos a favor de las personas con esta condición.
El reglamento establece que los entes y órganos administrativos pueden desarrollar programas de apoyo a personas con TEA, en cumplimiento con los objetivos y programas institucionales, así como las empresas públicas y privadas, siempre y cuando las iniciativas de voluntariado no impliquen beneficio económico alguno.
También regula el procedimiento administrativo para la aplicación de las sanciones administrativas, para lo cual se apoya en los principios y reglas contenidas en la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Para la elaboración de este reglamento fue realizado un trabajo técnico-jurídico con las instituciones vinculadas al cumplimiento de la Ley 34-23, lo que permitió robustecer la pieza reglamentaria de manera transversal.
A su vez, se efectuó un proceso consultivo con la sociedad civil, con el objetivo de recibir sus sugerencias y/o comentarios.
Con esta nueva reglamentación se complementa la protección constitucional en favor de las personas vulnerables, como lo son las que tienen la condición del trastorno del espectro autista (TEA).