La propuesta fue remitida al mandatario, tras un arduo proceso de trabajo y consultas por los miembros de la Comisión Revisora de la Ley Orgánica de Educación, No. 66-97, designada por el ministro Ángel Hernández, que iniciaron en el mes de agosto de 2022 a fin de presentar una normativa acorde con las transformaciones tecnológicas y cambios en el ordenamiento jurídico nacional, incluida una nueva Constitución.
La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ancell Scheker, explicó que esta propuesta contiene innovaciones necesarias enfocadas en impulsar aún más la calidad de la educación en el sistema público preuniversitario.
Precisó que el proyecto de modificación a la Ley Orgánica de Educación contempla nuevos derechos y obligaciones para los padres, madres y tutores de los estudiantes, quienes desempeñan un rol determinante en la eficacia del sistema educativo, acompañando y complementando la labor educativa del Estado.
El documento establece que el Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.
Contempla, además, la inclusión de valores como la honestidad y la integridad, como principios sólidos sobre los cuales debe basarse la educación de calidad, así como recomendaciones que han ayudado a especificar y aclarar artículos y párrafos, haciendo la ley más comprensible y aplicable.
Con el objetivo de facilitar la planificación, coordinación, estandarización y evaluación de los servicios de educación, el proyecto de ley propone la creación de la Junta de Coordinación de la Prestación de los Servicios Educativos. Este nuevo órgano estará integrado por el ministro, los viceministros, directores Regionales y directores generales de Inicial, Básica, Media y de Adultos.
Además, amplía el número de integrantes del Consejo Nacional de Educación, máximo órgano de decisión en materia de política educativa, a fin de aumentar la participación social de los sectores no gubernamentales que trabajan en favor del desarrollo educativo del país.
Otra de las novedades de esta propuesta es garantizar que las personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) tengan acceso a la educación en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, con la identificación oficial en la ley de Subsistema de Educación Especial.
En la propuesta de ley, la educación inclusiva asume los principios del diseño universal de los aprendizajes, brindando una educación orientada sobre la base del diseño curricular vigente con apoyos y ajustes razonables según se requieran, tomando en cuenta las especificidades del estudiantado con discapacidad, así como los que poseen altas capacidades para garantizar su plena inclusión.
A juicio de la viceministra Scheker, “la propuesta de ley representa una normativa que está más acorde con el contexto actual, en términos de su visión de ser un sistema que responda a las necesidades de desarrollo social, económico, y ciudadano”.
Coordinada por Radhamés Mejía, la Comisión Revisora de la Ley Orgánica 66-97 estuvo integrada por: Ligia Amada Melo de Cardona, Enrique de León, Jacqueline Malagón, Rolando Guzmán, Alejandrina Germán, Ramón Valdez, Ancell Scheker, Agustín Natera, Gregorio Montero, Juan Ramón Santana, Nurys González y Olga Espaillat.
También formaron parte de la comisión revisora: Rosalía Sosa, José Mairení, Cheila Valera, Daniel D´Oleo, Revdo. P. Isaac García de la Cruz, Víctor Ramírez, Revdo. P. Sergio de la Cruz, Laura Calventi, Feliciano Lacen, Víctor Martir, Evarista Matías, Héctor Molina, Dinorah García y Diego Tejada.
Para asegurar la participación amplia, la propuesta fue sometida a una amplia consulta pública que incluyó organizaciones relacionadas con la educación, técnicos y funcionarios del Minerd, así como público en general. Estuvo abierta desde el 15 de marzo hasta el 10 de mayo de 2024.
Estas sugerencias, indica una comunicación remitida al ministro Hernández por el coordinador de la Comisión, han permitido incorporar aún más el uso de las tecnologías y nuevas metodologías pedagógicas, alineando la ley con las tendencias educativas contemporáneas y las necesidades del siglo XXI.