El comandante de la misión de estabilización y seguridad (MSS), Godfrey Otunge, describió el momento de la toma del puerto en una entrevista exclusiva con el periódico keniano The Nation: “Nuestros equipos, junto con los valientes oficiales haitianos, enfrentaron una feroz resistencia, pero logramos desalojar a las bandas que habían sometido al puerto y restablecimos el control de este punto estratégico vital.”
La operación tuvo lugar a escasos metros del Palacio Nacional resaltando la magnitud del desafío que las fuerzas de seguridad enfrentaron en una de las zonas más críticas de la capital.
Desde marzo, las bandas armadas habían tomado el control del puerto, lo que no solo había bloqueado el flujo de alimentos y suministros esenciales, sino que también exacerbaba la crisis humanitaria en el país.
La recuperación del puerto se produce justo un día después de que un nuevo contingente de 200 policías kenianos llegara a Haití, como parte de una misión internacional respaldada por la ONU para restablecer el orden y la seguridad en la nación caribeña.
El primer ministro haitiano, Garry Conille, había declarado el estado de emergencia en un discurso dirigido a la nación el día anterior, citando la necesidad urgente de medidas drásticas para enfrentar el poder de las pandillas y restaurar la estabilidad en los 14 municipios afectados por la violencia.
“Este estado de emergencia proporcionará al Gobierno los recursos necesarios para actuar decisivamente contra los grupos criminales y reestablecer la autoridad estatal”, afirmó Conille, haciendo un llamado a la población para que mantenga la calma y apoye a las fuerzas de seguridad.
El primer ministro también delineó un plan ambicioso para la recuperación de las zonas bajo control de las pandillas, con una estrategia que prevé un avance sistemático, “de casa en casa, de distrito en distrito, y de ciudad en ciudad” hasta erradicar la influencia de las bandas.
Además, Conille subrayó que, paralelamente a las operaciones militares, su Gobierno está comprometido en fortalecer la independencia del poder judicial, combatir la corrupción y asegurar que todos los ciudadanos sean tratados con justicia y equidad ante la ley.