El documento indica que casi la mitad de la población dominicana acepta los actos corruptos cuando contribuyen a solucionar problemas, pese a que entre noviembre 2022 a abril 2023 se observa una leve reducción de la tolerancia hacia la corrupción funcional, actitudes como la permisividad ante los eventos de corrupción o la aceptación moral de comportamientos contrarios a la ley son aspectos culturales que sirven de justificación social de las distintas modalidades de corrupción.
“En América Latina, la permisividad con la corrupción incide en la gobernanza de las democracias, creando en el largo plazo un círculo vicioso donde la normalización del incumplimiento de las leyes puede malograr las medidas anticorrupción y exacerba la desconfianza en autoridades e instituciones políticas. Así mismo, la aceptación moral de la corrupción reduce la vigilancia ciudadana tan necesaria para enfrentar esta práctica”, indica el análisis.
Asimismo se agrega que tradicionalmente la República Dominicana lidera el ranking de permisividad ante la corrupción de países latinoamericanos con un 61.3%. En 2020 la población manifestó estar de acuerdo con la afirmación “es tolerable cierto grado de corrupción si se solucionan los problemas”.
Al mes de abril de 2023, se presenta una reducción del 14.4%, sin embargo, el 46.9% sigue normalizando la afirmación de que la corrupción es tolerable si se solucionan los problemas.
Asimismo el documento establece que durante el mes de abril de 2023, el 81.1% de los dominicanos afirmaron que puede tolerar que se paguen sobornos a empleados públicos, mientras el 86.5% entendió que se puede tolerar que se paguen sobornos a miembros de la Policía Nacional (PN).
Este análisis destaca la importancia de la educación, junto la modernización de la estructura social y la disminución de las desigualdades, en la reducción de la normalización de los actos corruptivos.
“un aumento significativo en el nivel educativo de la población desempeña un rol crucial en la reducción de la tolerancia a la corrupción”, indica el texto.
“Junto con una mejor formación, se expanden el consumo de noticias, un conocimiento más sofisticado sobre los asuntos públicos y las demandas de rendición de cuentas hacia las autoridades políticas. Paralelamente, una expectativa de mayores ingresos tiende a crecer entre la población más capacitada, desencadenando presiones favorables a un mayor grado de justicia social que, eventualmente, logran una distribución más equitativa de los recursos y atenuar desigualdades económicas preexistentes”, agrega el documento.