«Solo esperen a ver a estos tipos (presos) reconstruyendo nuestro país y al mismo tiempo reduciendo sus sentencias. Realmente tenemos el mejor sistema de justicia penal del mundo», escribió Bukele.
El mandatario salvadoreño apuntó el martes, también en un mensaje en X, que «los pandilleros pasarán toda su vida en prisión. Pero los criminales no violentos pueden recibir entrenamiento y saldar su deuda con la sociedad».
Indicó, como complemento de un video en el que se ve a prisioneros realizando diversas tareas, que «ya hemos empezado con los primeros 48.000».
Bukele compartió en julio pasado que «miles» de prisioneros «no peligrosos, no miembros de pandillas» son capacitados, sin detallar en qué áreas, para «reconstruir» el país.
El presidente de honor de la dirección de Integración del Gobierno salvadoreño, Alejandro Gutman, defendió el pasado abril en una entrevista con EFE en Madrid que la reinserción de los jóvenes pandilleros es posible «en algunos casos».
«En los que ya tienen una historia muy marcada, es muy difícil» porque «además tienen penas muy largas», señaló e indicó que «hay otros que seguramente tuvieron menores participaciones» y sí podrían tener «esa oportunidad de, con el tiempo, ir saliendo» de las prisiones.
«Es importante trabajar con ellos, con los que sí se puede», y el Estado debe «acompañarlos», opinó Gutman, frente a las críticas que organizaciones internacionales hacen a la estrategia de seguridad basada en un régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Bukele contra las también llamadas maras.
Según cifras oficiales, desde marzo de 2022 a este año, se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, entre los que se encuentran más de 7.000 personas que han sido puestas en libertad condicional.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
No obstante, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. EFE