Así lo indicaron representantes de la sociedad civil, quienes además aseguran que esa decisión será una mancha indeleble en el sistema judicial, aunque juristas entienden lo contrario.
El dispositivo de la sentencia con fecha del 31 de julio no fue sorpresa para representantes de la sociedad civil, quienes indicaron que la actual procuradora advirtió de la debilidad del expediente del caso Odebrecht cuando fue jueza de instrucción.
Asimismo, indicaron que aunque esa decisión es una vergüenza para la clase jurídica y el país, obliga a los fiscales a sobreprobar los casos.
En tanto que juristas aseguran que esa sentencia corrigió distorsiones.
Según la sentencia de la Suprema Corte el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes que demostraran su acusación en contra de los únicos condenados por el caso, por lo ordena el cese de toda medida de coerción en contra de Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón.
La Corte también dispuso que ambos le sean entregados sus bienes incautados.