La entidad asegura que con la propuesta de eliminación del artículo 174 de la Constitución de la República Dominicana se ha creado un malestar general; este proyecto de Ley declara la necesidad de reformar la Constitución y plantea relegar ese órgano dependiente de una ley adjetiva, lo que a su juicio mermar su autonomía, o incluso, la desaparece.
Pese a que han sido llamados 50 abogados al Palacio Nacional para discutir este proyecto de Ley de reforma, en el grupo no hay ni un solo fiscal o representación de las asociaciones de fiscales, quedando totalmente excluidos de un proceso del cual se supone su institución es una de las principales protagonistas.
“Preocupa que hablando de garantías de la independencia del Ministerio Público, paradójicamente se intente menoscabar la autonomía constitucional de la que goza su órgano de gobierno”, asegura un comunicado.
Destaca que la eliminación de su base constitucional como órgano extra poder establecido de forma paralela al Consejo Superior del Poder Judicial, debido a la importancia y estructura jerárquica igualitaria, delegaría su existencia a la voluntad legislativa y partidaria lo que significaría un retroceso significativo en términos de protección institucional.
“El Consejo Superior del Ministerio Público, al estar consagrado en la Constitución, disfruta de una autonomía reforzada, lo que le permite operar con independencia de otras ramas del gobierno. Ello para garantizar que las investigaciones y procesos judiciales se lleven a cabo sin interferencias políticas o presiones externas”, externa.
Asegura que la eliminación de su reconocimiento constitucional implicaría que su existencia y funcionamiento quedarían sujetos a cambios legislativos, lo cual podría vulnerar su capacidad de actuar de manera autónoma que ayuda a garantizar su independencia.
“Eficiencia y eficacia, este modelo es el más actualizado y democrático dentro de los modelos existentes y que es implementado en países como España, Italia y México”, comentó.
Precisa que, además, esta propuesta contraviene los precedentes constitucionales que han establecido la importancia de la autonomía del Ministerio Público -y, en particular, de su Consejo Superior.
“Estos precedentes han resaltado la necesidad de proteger a esta institución de injerencias que puedan comprometer su independencia y, por ende, la justicia misma”, manifiesta.
Afirma que, aunado a que la existencia del Consejo Superior, se vincula de manera directa a las reformas procesales que se han realizado en toda Iberoamérica, “puesto que la misma asegura que el Ministerio Público tenga el espacio institucional necesario para actuar de acuerdo con los principios del nuevo sistema procesal penal acusatorio”.
“Por tanto, pretender eliminar la base constitucional del Consejo Superior del Ministerio Público y subordinar su existencia a la legislación ordinaria no pone en entredicho la autonomía de la institución, sino que también debilita las garantías de independencia necesarias para el correcto funcionamiento del sistema persecutor”
Dice que es imperativo que se mantenga el carácter constitucional del órgano de gobierno del Ministerio Público para asegurar que este continúe operando con la autonomía y efectividad que la justicia requiere.