Justicia chavista dice elecciones en Venezuela son “inapelables”

 Caryslia Beatriz, presidenta de la máxima corte

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela iniciará una fase de “peritaje” con las pruebas recolectadas durante un recurso solicitado por el dictador Nicolás Maduro para “certificar” su presunta victoria en las presidenciales del 28 de julio, tras lo cual emitirá una decisión de carácter inapelable, afirmó este sábado la presidenta de la máxima corte, Caryslia Beatriz Rodríguez.

“Esta sala electoral continúa con el peritaje iniciado el 5 de agosto del 2024 a los fines de producir la sentencia definitiva que dé respuesta al presente recurso, la cual tendrá carácter de cosa juzgada por ser este órgano jurisdiccional la máxima instancia en materia electoral por lo que sus decisiones son inapelables y de obligatorio cumplimiento”, indicó la magistrada al frente de la máxima corte y de la sala electoral.

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Asimismo, declaró en desacato al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien no se presentó tras el llamado del tribunal chavista por considerar fraudulentos los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), también alineado al chavismo, la noche de los comicios en Venezuela.

“Se deja constancia que el ex candidato Edmundo González Urrutia no asistió, por tanto, no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de ésta, la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinio, el listado de testigos ni material electoral alguno”, agregó Rodríguez.

Rodríguez aseguró que la investigación “contará con personal altamente calificado e idóneo”, que trabajará con los “más altos estándares técnicos”, aunque no dio detalles al respecto, ni estimó el tiempo que tomará este proceso.

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Reiteró que el CNE -que aún no publica los resultados desagregados de la elección, contrariando lo que establecía su propio cronograma- acudió al TSJ para “consignar oportunamente todos los recaudos relacionados con el proceso electoral”.

Asimismo, representantes de los 38 partidos políticos que compitieron en las presidenciales atendieron las citas pautadas por los magistrados, que se celebraron entre el miércoles y el viernes y concluyeron con la comparecencia de Maduro, quien denuncia estar enfrentando un “golpe de Estado cibernético” para desconocer su victoria en las urnas.

La presidenta del Supremo remarcó que ni González Urrutia, ni la PUD -que aseguran haber ganado los comicios por amplio margen- consignaron “material electoral alguno”, toda vez que la coalición insiste en que el TSJ es incompetente para atender este asunto que -alegan- debería aclarar el CNE con la publicación de los resultados desagregados.

El TSJ -controlado por jueces afines al chavismo- trabaja para “producir la sentencia definitiva” en respuesta a un recurso introducido por Maduro -que no es público- y esa decisión “tendrá carácter de cosa juzgada” y “de obligatorio cumplimiento”, añadió Rodríguez.

El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, dijo que no tiene evidencias de que el CNE haya sufrido un hackeo y que estas elecciones no pueden ser consideradas democráticas porque no se adecuaron a los estándares establecidos, un pronunciamiento que el Gobierno ve como una muestra de apoyo al “golpe de Estado”.

El ex candidato presidencial Enrique Márquez recomendó a Maduro escuchar los pedidos de transparencia que han surgido dentro y fuera del país, luego de que la oposición mayoritaria denunciara fraude y asegurase que su abanderado, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios por amplio margen.

“Creo que el Gobierno debería prestarle atención a eso, igual que al grupo de los tres (México, Colombia y Brasil) que están advirtiendo la necesidad de que haya un tratamiento diferente por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y publique los resultados”, dijo el ex diputado en una entrevista con la agencia EFE.

No hacerlo, advirtió, “sería muy malo” para el país, que registró protestas -algunas devenidas en hechos de violencia que se saldaron con 24 civiles muertos, según la ONG Provea- en los días posteriores a las elecciones, en rechazo a la proclamación de Maduro, algo que el CNE concretó sin haber divulgado los resultados desagregados, como el propio ente estableció en el cronograma electoral.
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