Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, explicó que
la
propuesta de reforma constitucional
incluye una disposición que haría inamovible al procurador general de la
República por un periodo de dos años.
Peralta indicó que este cambio busca garantizar la independencia del Ministerio Público y fortalecer el sistema de justicia en el país.
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Esta medida forma parte de un conjunto de modificaciones que se presentaron como parte de la agenda de reformas impulsada por el gobierno.
Peralta destacó que la inamovilidad del procurador es una garantía de que las investigaciones y procesos judiciales se llevarán a cabo sin interferencias políticas.
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Explicó que este cambio evitaría que el procurador sea removido por razones políticas o cambios en la administración, permitiendo así que las investigaciones en curso continúen sin interrupciones.
Esta medida, según Peralta, es fundamental para asegurar la transparencia y eficacia del sistema judicial.
La propuesta ha generado diversas reacciones en el ámbito político y legal. Mientras algunos sectores aplaudieron la iniciativa por considerar que fortalece la independencia del Ministerio Público, otros expresaron preocupaciones sobre el alcance y las posibles consecuencias de dicha inamovilidad.
Críticos argumentaron que una medida como esta podría concentrar demasiado poder en el procurador, limitando los mecanismos de control y supervisión.
En respuesta a las críticas, Peralta aseguró que la reforma está diseñada para ser un paso adelante en la consolidación del estado de derecho y que se mantendrán mecanismos de supervisión adecuados para evitar cualquier abuso de poder.
Peralta indicó que este cambio busca garantizar la independencia del Ministerio Público y fortalecer el sistema de justicia en el país.
Esta medida forma parte de un conjunto de modificaciones que se presentaron como parte de la agenda de reformas impulsada por el gobierno.
Implicaciones de la reforma
Peralta destacó que la inamovilidad del procurador es una garantía de que las investigaciones y procesos judiciales se llevarán a cabo sin interferencias políticas.
Explicó que este cambio evitaría que el procurador sea removido por razones políticas o cambios en la administración, permitiendo así que las investigaciones en curso continúen sin interrupciones.
Esta medida, según Peralta, es fundamental para asegurar la transparencia y eficacia del sistema judicial.
Reacciones y críticas
La propuesta ha generado diversas reacciones en el ámbito político y legal. Mientras algunos sectores aplaudieron la iniciativa por considerar que fortalece la independencia del Ministerio Público, otros expresaron preocupaciones sobre el alcance y las posibles consecuencias de dicha inamovilidad.
Críticos argumentaron que una medida como esta podría concentrar demasiado poder en el procurador, limitando los mecanismos de control y supervisión.
En respuesta a las críticas, Peralta aseguró que la reforma está diseñada para ser un paso adelante en la consolidación del estado de derecho y que se mantendrán mecanismos de supervisión adecuados para evitar cualquier abuso de poder.