«Yo sí temo por mi vida, más todavía en el momento en el que estoy. Hoy responsabilizo mucho más al presidente Daniel Noboa Azín y a sus ministros por cualquier atentado o ataque contra mí o mi familia, o contra el equipo de trabajo cercano que tengo», declaró Abad por videoconferencia en una comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades en la administración pública.
«Por supuesto que me siento amenazada, (…) se han dedicado perseguirme a mí y a mis colaboradores. Han tenido que cambiarse de domicilios y de líneas telefónicas. Han recibido mensajes persecutorios. Tengo ataques cibernéticos no sólo a mis redes personales, sino a las redes institucionales», abundó.
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, y la ruptura se plasmó tras la investidura, cuando el gobernante, en una de sus primeras decisiones como mandatario, la envió como embajadora a Israel, una misión que habría abierto la puerta de su destitución en caso de negarse.
Desde entonces, Abad señaló que «la violencia política (hacia ella) ha sido una constante en este Gobierno, a vista y paciencia de la opinión pública, de políticos, de jueves, de fiscales, de periodistas y autoridades».
«Hay claramente el uso y el abuso de la estructura pública para el ataque de una persona, basado en el engaño, la calumnia, las actitudes perversas, las difamaciones… para tapar la incapacidad de un Gobierno», indicó la vicepresidenta.
«Yo resistiré, no voy a ceder ante tanto atropello. Voy a respetar el equilibrio y el orden constitucional. Por eso estoy aquí (en Israel). Me han querido tener desterrada, secuestrada y censurada», añadió en referencia a la instrucción de la Cancillería de no declarar sin su consentimiento previo.
Hijo en libertad bajo fianza
Entre esas presiones mencionó la retirada de su seguridad personal y la detención y encarcelamiento de su hijo Sebastián Barreiro por una denuncia de corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia.
Por este caso, Barreiro estuvo en prisión preventiva durante alrededor de tres semanas en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, de la que salió tras pagar una fianza de 20,000 dólares. EFE