A través de un comunicado de prensa, Abel destacó que “según cifras oficiales, más del 37% de los partos en maternidades públicas del país son realizados a mujeres haitianas en situación migratoria irregular, lo que representa un impacto significativo en el ya limitado presupuesto de salud”.
“Se estima que más de 25 mil millones de pesos del presupuesto anual del Estado se destinan a cubrir gastos de salud de inmigrantes haitianos, lo que representa una carga insostenible que amenaza con colapsar los servicios públicos esenciales. Si hablamos del ámbito educativo, miles de niños dominicanos se ven excluidos de las aulas debido a la ocupación de plazas por menores haitianos, algo que es denunciado por padres permanentemente y que las autoridades se encargan de negar de manera sistemática. Esta situación profundiza la exclusión social y reduce las oportunidades de desarrollo para los ciudadanos del país”, señaló Abel Martínez.
El excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, afirma que “el flujo descontrolado de inmigrantes ilegales no solo genera un desgaste en los recursos del Estado, sino que también pone en peligro la seguridad ciudadana y el orden público. Las comunidades dominicanas, en especial aquellas ubicadas en la periferia de las ciudades y en zonas rurales, enfrentan el crecimiento de asentamientos irregulares en las orillas de ríos, cañadas y construcciones abandonadas. Estas ocupaciones ilegales aumentan la presión sobre los servicios básicos y representan un desafío medioambiental para las regiones afectadas.
Ante esta realidad, Abel Martínez considera que el Gobierno dominicano debe implementar de manera urgente medidas de deportación masiva para enfrentar el flujo migratorio irregular y asegurar que las personas en situación ilegal sean retornadas a su país de origen. “Las deportaciones deben realizarse con apego a la ley, pero con firmeza y celeridad, ya que la permanencia de millones de extranjeros ilegales amenaza con desestabilizar el tejido social y económico de la nación”.
“Además, es imperativo corregir de raíz los problemas relacionados con el negocio de visados fraudulentos y el tráfico ilegal de indocumentados, prácticas que facilitan la entrada de inmigrantes irregulares a través de la frontera con Haití. La erradicación de estas prácticas requiere la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de las autoridades migratorias y de seguridad para frenar las redes de corrupción que permiten el trasiego ilegal de personas”.
El también expresidente de la Cámara de Diputados, llama al Gobierno a “actuar de manera decidida, reforzando los controles fronterizos con tecnología avanzada y aumentando la presencia militar y policial en las zonas limítrofes, a fin de garantizar la seguridad y la integridad territorial. La soberanía de la República Dominicana depende de su capacidad para proteger y controlar sus fronteras”.
Martínez también destaca que “la presencia de inmigrantes ilegales en zonas vulnerables incrementa la percepción de inseguridad y afecta de manera directa la convivencia pacífica en las comunidades. Asimismo, el crecimiento desmedido de asentamientos irregulares compromete la integridad ambiental de las áreas ocupadas, lo que deriva en la deforestación, contaminación de fuentes de agua y degradación de los ecosistemas”.
“El Gobierno dominicano debe tomar las medidas necesarias para restablecer el orden y velar por el cumplimiento de las leyes. Es momento de actuar, no de seguir hablando. La crisis migratoria con Haití requiere una respuesta contundente que permita a la República Dominicana retomar el control de su territorio y asegurar un futuro próspero y estable para sus ciudadanos”.
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