Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido Vente Venezuela (VV) y uno de los refugiados, denunció la situación a través de su cuenta en la red social X.
“Patrullanicolas maduros del SEBIN y del DAET, junto a funcionarios encapuchados y armados, rodean y asedian la Residencia de Argentina en Caracas”, señaló Urruchurtu, quien se encuentra bajo protección del gobierno argentino.
El régimen también cortó el suministro eléctrico de la sede diplomática, según denunció Omar González Moreno, miembro de la dirección nacional del partido de Machado.
“Le cortaron el servicio eléctrico a la embajada argentina en Caracas, que en estos momentos está asediada por agentes del SEBIN y demás cuerpos de seguridad del estado”, expresó el dirigente venezolano en su cuenta en X.
Además de Urruchurtu, también se encuentran Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.
Los seis opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía de la dictadura los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.
El asedio a la embajada ocurre poco después de que la Cancillería de Argentina instara a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir una orden de detención contra Maduro y “otros cabecillas del régimen”, tras los comicios presidenciales del 28 de julio.
En un comunicado, el gobierno de Javier Milei calificó la situación en Venezuela como un agravamiento de la crisis y denunció la comisión de hechos que podrían constituir delitos de lesa humanidad.
“La República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen”, informó la Cancillería.
El Ejecutivo argentino anticipó además que el próximo lunes presentará una nota ante la Fiscalía en la que argumenta que “la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención”.