La entidad fiscalizadora explicó que estarán laborando hoy sábado y mañana domingo desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.
“La Cámara de Cuentas está recibiendo declaraciones juradas de patrimonio. Estamos aquí de 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, sábado y domingo”, expresó la institución.
Reacciones de legisladores
Esta semana, varios legisladores manifestaron su oposición a estas exigencias, tanto del oficialismo como de la oposición. El diputado Tobías Crespo comentó irónicamente que «están pidiendo hasta la cantidad de caries que tienen los legisladores».
“Son cosas improcedentes como el consumo de tarjetas de crédito, lugares donde viajamos… están pidiendo una autoauditoría presumiendo que somos delincuentes, y no es así. Los diputados no manejan recursos como el presidente de la Cámara ni los senadores; hasta cuestionan informaciones que dan los propios bancos. Pareciera que no quieren hacer su trabajo, que están de vagos, y lo digo de manera responsable. Quieren que hagamos el trabajo de ellos; nosotros solo debemos hacer la declaración, y a ellos les toca investigar”, expresó el diputado Tobías Crespo.
Respuesta de la Cámara de Cuentas
En respuesta, la Cámara de Cuentas emitió un comunicado en el que señaló que los funcionarios públicos no tienen bienes privados fuera del escrutinio.
“Es de conocimiento general que las informaciones sobre las declaraciones juradas son públicas. Todo debe estar sobre la mesa de la transparencia; las cuentas deben estar claras. La transparencia se refuerza con más transparencia; lo público debe hacerse público, y para ello contamos con la declaración jurada como un mecanismo de prevención de la corrupción”, planteó la CCRD.
La entidad también recordó que, conforme al criterio del Tribunal Constitucional, “toda persona que pone al servicio del Estado sus aptitudes, habilidades y conocimientos debe estar consciente del deber que asume de rendir cuentas, no solo de su gestión, sino también de la transparencia respecto al origen de sus bienes ante cualquier autoridad competente, en cualquier momento. Esto nunca debería interpretarse como un menoscabo de sus derechos fundamentales, sino como el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley núm. 311-14”.