La investigación señala que los agentes asignados al evento en Butler, Pensilvania, no pudieron comunicarse eficazmente con la Policía local ni contaban con tecnología para detectar drones. Esto facilitó el ataque.
Además, el informe destaca que no hubo coordinación previa sobre cómo proteger el complejo de almacenes alrededor del mitin, lo que contribuyó a la vulnerabilidad del exmandatario. El atacante, un joven de 20 años, disparó desde un tejado a 140 metros del perímetro de seguridad y fue abatido por agentes del Servicio Secreto.
Dimisión de la directora del Servicio Secreto
Tras el atentado, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, presentó su dimisión, describiendo el ataque como «el fallo operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas». A raíz del suceso, el escrutinio sobre la agencia ha aumentado. Especialmente tras un segundo intento fallido de atentado contra Trump en su campo de golf en Florida.
El director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, aseguró en una rueda de prensa que Trump ahora recibe «el nivel más alto de protección posible». Similar al del presidente Joe Biden y la candidata Kamala Harris.
Rowe destacó que los elementos de contra francotiradores y un equipo de respuesta rápida estuvieron presentes durante el último incidente en Florida. Evitando que el atacante lograra su objetivo.
El atentado ha generado presión pública y política para que el Servicio Secreto reciba más fondos. La Cámara de Representantes aprobó una legislación bipartidista para incrementar la protección de los candidatos presidenciales. Incluyendo a Trump y Harris, equiparando su seguridad a la de Biden. Aunque el proyecto de ley avanza, su aprobación en el Senado está vinculada a la asignación de fondos adicionales para el Servicio Secreto.
Desafíos presupuestarios y posibles retrasos en la Ley
El futuro de esta legislación es incierto, ya que depende de la aprobación de fondos adicionales en el Senado. Estos fondos podrían estar incluidos en un proyecto de ley de financiación provisional que el Congreso debe aprobar antes del 30 de septiembre para evitar un cierre del Gobierno. Complicando el proceso legislativo. EFE