Camacho añadió que estas pruebas serían suficientes para dictarle prisión preventiva a los imputados.
La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el martes 8 del presente mes, a los fines de que las partes conozcan el expediente.
Camacho explicó como se trata de una investigación abierta, hay posibilidades de que sean agregados más implicados y más imputaciones. No obstante, prefirió no dar más detalles al respecto. También indicó que seguirán haciendo más interrogatorios vinculados a esta operación.
El órgano fiscalizador está solicitando prisión preventiva, en ese sentido el procurador explicó que esperan que el tribunal le otorgue a los señalados la medida máxima que, de acuerdo con el código penal, son 18 meses.
Laura Acosta y Luis Rivas, abogados de Hugo Beras, comentaron que esas evidencias se irán "desmoronado" en el camino y que de su defendido "no hay nada".
En el expediente de solicitud de medida de coerción, que consta de 304 páginas, el órgano del Estado detalla las "características de la organización criminal por contratos millonarios" entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, ofreciendo un panorama exhaustivo de las actividades ilícitas en las que habrían estado involucrados los imputados.
Entre algunos de las imputaciones que señala este documento, sobre el referido caso se encuentra:
- Crearon una organización criminal con participación activa de funcionarios, exempleados y ciudadanos con historial de haber participado en hechos delictivos.
- Seleccionaron al oferente antes de subir el proceso de licitación al portal institucional.
- El oferente seleccionado participó en la elaboración del pliego de condiciones, el cual se estuvo trabajado en su empresa, evidentemente que se hizo un traje a la medida.
Sobre las imputaciones
El Ministerio Público establece que "la estructura de crimen organizado se encontraba conformada por Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez", quien se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desde el 15 de agosto del 2022 hasta el 13 de noviembre del 2023.
Según refiere el expediente, Beras "coalicionó para violar la ley con Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempeñaba en el mismo período como coordinador de despacho y representante del director ejecutivo ante el comité de compras de la entidad; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero".
"Los anteriormente señalados formaron una asociación de malhechores con José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado dominicano, amañando un proceso de licitación que le fue adjudicado a estos por la suma de RD$1,317,350,997", señala el documento.
Además de la referida adjudicación, indican que, a través de Transcore Latam S.R.L, a los imputados les fue otorgado el control del sistema semafórico y de video vigilancia del Gran Santo Domingo, quienes procedieron a vincular dichos sistemas en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., que se dedica a la ''investigación e inteligencia privada", y es propiedad del imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochí).