El organismo afirmó que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Los comicios, marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los cuestionados resultados, siguen siendo tema de conversación en la comunidad internacional.
Esto fue evidenciado en un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, en el que la misión acusa a fuerzas de seguridad y colectivos chavistas de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Este señalamiento directo recae sobre los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
Estos organismos manejados por el régimen madurista estarían “involucrados masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes.
Asimismo, la misión señala que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.
En el informe también se apunta contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”; la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”; y el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
Aunque la misión ya había denunciado al régimen graves violaciones de derechos humanos desde 2019, el nuevo documento señala que la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral.
Esto queda en evidencia en número, pues la misión destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el régimen , y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
“Sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, señaló el informe del grupo de expertos liderado por la portuguesa Marta Valiñas.