Solo entre OGTIC, la DGP y las EDES estamos comprometiendo miles de millones de pesos
La diputada del Distrito Nacional, Selineé Méndez consideró necesario que todos los contratos de alquiler de inmuebles suscritos por instituciones estatales y funcionarios públicos deben ser paralizados inmediatamente.Por situación la legisladora presentó un proyecto de resolución donde en la Cámara de Diputados hace la solicitud al Poder Ejecutivo de que también se realice una revisión detallada de cada contrato.
La congresista Méndez en su propuesta legislativa expone una serie de contratos de alquiler suscritos por instituciones como la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Pasaportes (DGP) y las empresas distribuidoras de electricidad (EDES), cuyo valor total supera los 10 mil millones de pesos.
«Solo entre OGTIC, la DGP y las EDES estamos comprometiendo miles de millones de pesos que bien podrían destinarse a áreas verdaderamente prioritarias para el bienestar de los dominicanos”, dijo la diputada Méndez quién agregó que la prudencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos es lo que debe primar a juzgar por la situación económica en la que está inmersa la nación.
La propuesta sometida
La congresista del Partido Fuerza del Pueblo expone una serie de contratos de alquiler suscritos por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Pasaportes (DGP) y las empresas distribuidoras de electricidad (EDES), cuyo valor total supera los 10 mil millones de pesos y que, a pesar de sus elevados costos y cuestionable pertinencia siguen vigentes o han renovados en un gobierno que debe enfrentar serios desafíos económicos.Méndez también solicita una evaluación rigurosa de todos los contratos de alquiler vigentes, para asegurar que se ajusten a los principios de necesidad y proporcionalidad. Además de que recomienda la implementación de criterios de austeridad que regulen tanto los contratos actuales como los futuros.
«El gasto en alquileres en el sector público se ha convertido en una práctica común, en detrimento del patrimonio estatal», expresó la diputada Méndez quien citó el caso de las ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, donde se han destinado más de 1,492 millones de pesos en alquileres cuando bien pudieron haber sido abordada con soluciones de propiedad.
La pieza legislativa de Selineé Méndez, de igual manera solicita la emisión de un reglamento normativo sobre los contratos de alquiler en instituciones públicas, dónde se establezca un mecanismo especial para regularlos.
“Nuestro objetivo busca frenar el gasto desproporcionado que
implica la política de alquileres en la administración pública. Es hora de adoptar medidas de austeridad y redirigir estos fondos a áreas realmente necesarias», concluyó Méndez.