Martínez Pozo citó el caso de la penitenciaría de Las Parras
El periodista Julio Martínez Pozo expresó en El Sol de la Mañana que los resultados económicos presentados por la procuradora Miriam Germán como fruto de la Ley de Extinción de Dominio no representan el logro que se anunció en un acto oficial.El comunicador argumentó que para considerarse un logro económico, el Estado debería detallar el costo de implementar estos procesos. Asimismo, señaló que, aunque perseguir el crimen organizado no debe estar sujeto a beneficios económicos, es fundamental realizar un análisis que contemple el gasto incurrido para llevar a cabo estas acciones.
“Yo sé que el rol de la justicia no es generar un bien neto, porque el rol de la justicia está en garantizar la seguridad jurídica; para garantizar la seguridad jurídica de un país hay que perseguir el crimen al costo que sea”, aseguró.
Para respaldar su argumento de que no existen los beneficios económicos anunciados, Martínez Pozo citó el caso de la penitenciaría de Las Parras, donde según explicó, los contribuyentes terminarán pagando más de dos mil millones de pesos debido a que no se realizó el proceso adecuado para verificar las condiciones de la cárcel cuando fue recibida.
Este retraso en el levantamiento de inventarios y la paralización del proceso durante años generaron costos excesivos, lo que resulta en una situación de pérdidas en lugar de ganancias, indicó el periodista.
“Al paralizarla por años en vez de gastar dos o trescientos millones de pesos para terminarla, vamos a gastar sobre los dos mil millones de pesos para terminarla que salen del contribuyente, no de los bolsillos de los fiscales”, explicó.
“Yo no puedo, como permitió este gobierno, paralizar una obra para esperar años a un proceso judicial, para después tener que quitarle a los contribuyentes más de dos mil millones de pesos para poder terminar esa obra”, puntualizó.
En ese sentido, consideró que al país se le presenta una imagen de ganancias económicas, pero no se menciona adecuadamente lo que se ha perdido innecesariamente.
Un ejemplo claro de esto, señaló, es el caso de la penitenciaría de Las Parras, donde la paralización de su uso ha sido costosa, además agregó que la detención de la operación de la prisión no impide que se lleven a cabo procesos judiciales, lo que ha generado una pérdida significativa sin justificación.
Otro ejemplo
Señala Zol FM que Martínez Pozo citó, que uno de esos apartamentos anunciados entre los bienes incautados, lo recibieron en 380 mil millones de pesos y paga 160 mil de mantenimiento, en el caso de que dejaran de pagar ese mantenimiento, el valor de lo recibido se deprime. Lo que, según Martínez Pozo, sucede con la mayoría de los bienes incautados."En esos apartamentos viven unos 30 fiscales por lo menos", de los cuales algunos están a punto de perderse al no pagar el mantenimiento por años.
“No me hablen de beneficio económico, eso es muy relativo”, el valor real es lo que se consiga con esos inmuebles o vehículos cuando haga una subasta, "lo otro es cuento".