Agregó también la erosión de la confianza entre el Estado y sus servidores
Zoraima Cuello, electa integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), considera que la circular del Ministerio de Administración Pública, que obliga a los servidores del Gobierno presentar sus facturas de servicios básicos (agua y energía eléctrica) en un plazo de 15 días, plantea serias interrogantes sobre los límites del control estatal y el respeto a la privacidad personal.En un artículo publicado en los medios digitales Acento y Vanguardia del Pueblo, la ex candidata a la vicepresidencia de la República por el PLD, explica que la medida ignora principios fundamentales establecidos en la Ley 107-13, que protege los derechos de las personas en sus relaciones con la administración, que precisa que los ciudadanos tienen el derecho a «no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración Pública».
“La reciente circular 018031 del Ministerio de Administración Pública ha desatado una tormenta silenciosa en el sector público dominicano. ¿La razón? Un requerimiento en apariencia simple, pero profundamente complejo: exigir a más de 600 mil servidores públicos la presentación de sus facturas de servicios básicos en un plazo de 15 días”, introdujo Cuello su escrito.
Zoraima Cuello enumeró tres implicaciones de la disposición del MAP: 1) Carga administrativa innecesaria, de unos 614 mil servidores públicos de acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social y los millones de documentos a procesar, 2)Invasión a la privacidad, con la exposición de arreglos habitacionales personales y el cuestionamiento implícito a situaciones familiares, cuando existe una relación directa entre el proveedor de servicios y quien lo contrata y 3)Retroceso tecnológico, con el desperdicio de recursos en procesos manuales y la contradicción de las tendencias de modernización.
Agregó también la erosión de la confianza entre el Estado y sus servidores. ¿Qué mensaje enviamos cuando tratamos a los servidores públicos con desconfianza inherente?, se pregunta.
También se preguntó ¿cuál es la justificación para esta medida? ¿Qué normativa permite a una entidad pública solicitar facturas de servicios personales como requisito administrativo? ¿En qué momento el requerimiento de información adicional por parte de la administración pública se convierte en una intromisión en la vida privada de sus empleados?
Considera Cuello que la administración pública está en una encrucijada: podemos continuar por el camino de la burocracia excesiva o apostar por una modernización real, basada en la tecnología, el respeto y la eficiencia.
“Esta circular es un síntoma de una visión que necesita actualizarse, ofreciendo garantías de respeto a la intimidad de los colaboradores públicos y el manejo correcto de las informaciones a las que el Estado tiene acceso” concluye.