La solicitud de medida de coerción consta de 213 páginas
El Ministerio Público destacó este martes que el apoyo del Ministerio de
Interior y Policía, la Dirección de la Policía Nacional y la Inspectoría
General de la uniformada resultó fundamental para destapar lo que
calificaron como una «caja de Pandora», en relación con el
entramado que involucra a policías imputados por la sustracción de más de
900,000 municiones
de la Intendencia de Armas de la uniformada.
El titular de la
PEPCA, Wilson Camacho, indicó que el caso continúa en investigación, lo que
podría implicar ajustes en las cifras y la identificación de
nuevos implicados. “El avance de las pesquisas determinará la incorporación de más personas
al proceso, siempre en función de las evidencias que se vayan obteniendo”,
señaló.
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Wilson Camacho aseguró que el
Ministerio Público llevará este caso «hasta las últimas consecuencias»,
resaltando la gravedad del delito y la importancia de proteger la
institucionalidad del país.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina
de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento de la
solicitud de medida de coerción contra los agentes involucrados para el
próximo lunes 25 de noviembre, a las 2:00 de la tarde. Esta decisión
responde a una solicitud de la barra de la defensa, que pidió más tiempo
para analizar el extenso volumen de pruebas presentadas por el Ministerio
Público, las cuales sustentan el pedimento de prisión preventiva y la
declaratoria del caso como complejo.
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La solicitud de medida de coerción
consta de 213 páginas, contiene 135 elementos de prueba contra las 10
personas físicas y una jurídica señalada en el caso. Dentro de los imputados
figura el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la custodia
de armas y municiones; el exsubintendente Juan Miguel Pérez Soler; el
capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y
auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría
realizada en febrero; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio y
la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L, vinculada a este último, entre
otros.
La Operación Pandora, que llevó a la detención de los
imputados, fue ejecutada en octubre, luego de una solicitud conjunta del
Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía
Nacional. En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de
la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de
Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales, quienes
realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de
Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
El
Ministerio Público destacó que el capitán Santos, con más de seis años como
auditor en la Intendencia de Armas, fue clave en la manipulación de la
auditoría de febrero y se asoció con los líderes de la red criminal para
alterar nuevamente los números, lo cual fue detectado por los
investigadores.
Durante las diligencias investigativas, se
incautaron armas, proyectiles, evidencia digital, transacciones económicas,
pruebas testimoniales y datos de dispositivos electrónicos. Todo este
material consolidó un robusto conjunto de pruebas que fueron presentadas
ante el tribunal.