Ventura Camejo sostiene que dicha resolución desconoce principios elementales de gestión
El ex Ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, es de opinión que la reciente Resolución MAP 018031, del Ministerio de Administración Pública, que obliga a los servidores del Gobierno presentar sus facturas de servicios básicos (agua y energía eléctrica) debe ser anulada por ser contraria a las relaciones humanas y al ordenamiento normativo de la administración pública.En un artículo publicado en Vanguardia del Pueblo, Ventura Camejo sostiene que dicha resolución desconoce principios elementales de gestión y disposiciones constitucionales como el artículo 142 que establece El Estatuto de la Función Pública.
“El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos” explica el ex Ministro de Administración Pública.
En su escrito el experto en el tema de la función pública recomienda a las autoridades actuales revisar el Capítulo De Las Prohibiciones del Artículo 80 de la Ley de Función Pública 41-08 y también repasar La Ley número 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo.
Advierte que la señalada resolución tramitada mediante circular “ignora La Carta Iberoamericana de la Función Pública y otras disposiciones del CLAD Y del ICAP”.