Este martes, la Dirección General de la Marina Mercante de Honduras (DGMM) compartió información sobre la ruta del contenedor involucrado, aclarando que el mismo no desembarcó en territorio hondureño.
Según los datos proporcionados por los sistemas de Monitoreo, Control y Vigilancia Marítima de Honduras, el contenedor con número HLBU9354083 llegó vacío al puerto Santo Tomás de Castilla, Guatemala, el 25 de noviembre. Dos días después, fue trasladado al puerto de Barrios, en el mismo país.
Posteriormente, el 29 de noviembre, el contenedor fue cargado en el buque SCORPIUS, con bandera liberiana y número IMO 9307279, que partió hacia Puerto Caucedo, República Dominicana.
Guatemala también se deslinda
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, reafirmó que su país no está vinculado con el cargamento confiscado en territorio dominicano el pasado 6 de diciembre.“Las autoridades dominicanas ya confirmaron que la contaminación de ese cargamento ocurrió en la República Dominicana. Esto es público, ellos lo han admitido. Por lo tanto, queda claro que, como había dicho el Ministerio de Gobernación de Guatemala, el contenedor no fue contaminado en nuestro territorio”, declaró el mandatario.
Llamados a una investigación profunda
En República Dominicana, legisladores de diferentes partidos políticos han solicitado una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del decomiso.
Miguel Arredondo, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró que es urgente esclarecer las dudas en torno a este caso mediante una investigación rigurosa.
Por su parte, Alcibíades Tavárez, diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por San Pedro de Macorís, criticó la rapidez con la que se incineró el cargamento, argumentando que esta acción eliminó una pieza clave de evidencia.
“El pueblo necesita respuestas claras. Todas las instituciones gubernamentales tienen la responsabilidad de explicar lo ocurrido y garantizar transparencia en este proceso”, afirmó Tavárez.
Este caso sigue siendo objeto de debate público, y crecen las demandas de responsabilidad para aclarar el origen y los responsables de esta incautación sin precedentes.