"Quiero denunciar al mundo que estoy siendo víctima de una despiadada guerra jurídica (lawfare) orquestada por el gobierno de Luis Arce, quien ha prometido entregarme como trofeo de guerra a los Estados Unidos", expresó Morales en un mensaje publicado en la red social X.
La fiscalía boliviana acusa a Morales, de 65 años, del delito de "trata de menor", alegando que habría mediado un acuerdo con los padres de una adolescente de 15 años. Además de la acusación formal, las autoridades han solicitado que el exmandatario sea enviado a prisión preventiva por seis meses en un centro penitenciario.
Actualmente, Morales se encuentra refugiado en el trópico de Cochabamba, su bastión político, protegido por sus seguidores. Según su abogado, Nelson Cox, el exmandatario no se entregará a las autoridades.
"Evo Morales permanecerá en el trópico de Cochabamba por razones de seguridad (…) El gobierno está decidido: si no logra detenerlo, buscará asesinarlo. Por eso, nuestra obligación es protegerlo y resguardar su vida", declaró el senador del MAS Leonardo Loza, en declaraciones recogidas por el diario El Día.
Desde el inicio, Morales ha calificado la investigación en su contra como parte de una estrategia del gobierno de Arce para destruirlo políticamente. A pesar de estar inhabilitado por la justicia para postularse nuevamente como candidato presidencial, el exgobernante ha manifestado su intención de competir en las elecciones de 2025.
Acusaciones buscan bloquear su candidatura
La defensa de Morales reiteró este martes que las acusaciones en su contra forman parte de un montaje político que tiene como objetivo principal impedir su participación en los comicios generales de 2025.Un día después de que la Fiscalía formalizara las imputaciones, los abogados Cecilia Urquieta y Marcelo Galván señalaron a los medios de comunicación en La Paz que el proceso contra el exmandatario está plagado de irregularidades legales y vulneraciones a los derechos fundamentales.
"Estamos frente a un caso fabricado, claramente político, como parte de esta guerra judicial que se ha desatado contra el hermano Evo Morales", manifestó Urquieta en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Por su parte, Galván cuestionó las acciones llevadas a cabo por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien lidera la investigación, y señaló que estas presentan "vicios de nulidad absoluta". Según el abogado, esto debería ser motivo suficiente para suspender el proceso.