Entre los casos destacados, Türk mencionó a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como a trabajadores humanitarios, quienes han sido privados de su libertad sin el debido proceso. En su actualización presentada ante el Consejo de Derechos Humanos, Türk subrayó que las autoridades venezolanas han reconocido la detención de aproximadamente 2.000 personas, de las cuales solo unas 100 han sido liberadas bajo condiciones restrictivas.
Preocupación por detenciones arbitrarias y uso de leyes represivas
El alto comisionado expresó su inquietud por el elevado número de detenciones arbitrarias, que incluyen adolescentes, opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos presentes en los lugares donde ocurrieron las manifestaciones. Además, denunció el uso de leyes antiterroristas para reprimir las protestas, así como informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos a los detenidos.Türk hizo un llamado al gobierno venezolano para que garantice condiciones de detención conformes a los estándares internacionales, incluyendo el acceso a alimentos, agua potable y atención médica. Describió las cárceles como espacios sobrepoblados donde muchos prisioneros enfrentan una situación de salud precaria.
Hostigamiento a activistas y cierre de ONG
El informe destacó el aumento de amenazas y persecuciones contra defensores de derechos humanos, líderes sindicales y periodistas, lo que ha llevado a muchos a abandonar el país. Türk instó a los países de la región a facilitar su protección y aceptar documentos vencidos como válidos. También denunció la creciente presión sobre organizaciones no gubernamentales, incluyendo detenciones y vigilancia, que han provocado el cese de sus operaciones, dificultando su labor social.Según Türk, legislaciones restrictivas como la Ley Simón Bolívar y otras que regulan las actividades de las ONG atentan contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y participación política.