Para cubrir estas ineficiencias, las transferencias del gobierno a las EDE alcanzaron RD$92,844.8 millones
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) informó que según un informe reciente del Ministerio de Energía y Minas, las pérdidas acumuladas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) hasta agosto de 2024 alcanzaron un alarmante 44.5%.
Esto significa que, por cada 100 gigavatios-hora (GWh) comprados, se
perdieron 45 GWh, lo que equivale a US$864 millones en energía adquirida
pero no facturada ni cobrada a los usuarios.
En términos más detallados, de los 13,442.5 GWh de energía comprados por las EDE, 5,153.5 GWh no pudieron ser facturados, representando una pérdida técnica y comercial del 38.3%.
Además, de los 8,288.9 GWh facturados, solo se cobraron 7,781.2 GWh, lo que
agrega un 6.1% de energía no cobrada, completando el total del 44.5% en
pérdidas.
Para cubrir estas ineficiencias, las transferencias del gobierno a las EDE alcanzaron RD$92,844.8 millones (US$1,552 millones) en 2024, representando el 40.14% del déficit público presupuestado para este año.
Para cubrir estas ineficiencias, las transferencias del gobierno a las EDE alcanzaron RD$92,844.8 millones (US$1,552 millones) en 2024, representando el 40.14% del déficit público presupuestado para este año.
A pesar de los planes para reducir estas pérdidas, el proyecto de Ley de
Presupuesto para 2025 propone nuevas transferencias de RD$83,360.7 millones
a las EDE, un monto que equivale al 5.6% del gasto total del gobierno
central.
Expertos han señalado que la falta de un plan efectivo de reducción de pérdidas y los posibles incrementos en los costos de materias primas energéticas agravan la carga sobre las finanzas públicas, evidenciando la necesidad urgente de una reforma integral en el sector eléctrico para garantizar la sostenibilidad económica del país.
Expertos han señalado que la falta de un plan efectivo de reducción de pérdidas y los posibles incrementos en los costos de materias primas energéticas agravan la carga sobre las finanzas públicas, evidenciando la necesidad urgente de una reforma integral en el sector eléctrico para garantizar la sostenibilidad económica del país.