La
vicepresidenta suspendida de Ecuador, Verónica Abad, ha intensificado sus críticas hacia el presidente Daniel Noboa, a
quien acusa de actuar de manera "dictatorial". Abad, quien espera una
resolución judicial sobre la suspensión que le impuso el Gobierno, ha señalado
que esta medida viola la Constitución y busca impedir que asuma sus funciones
durante la campaña electoral de 2025.
En declaraciones a EFE, Abad afirmó que Noboa "no quiere cumplir con el mandato constitucional" de delegar en ella el cargo cuando tome licencia para hacer campaña por la reelección. Además, calificó la suspensión de cinco meses como un acto "arbitrario" y "violatorio", confiando en que la jueza encargada del caso anule dicha decisión.
Abad asegura que su suspensión busca impedirle ejercer como presidenta encargada durante el período electoral. Además, sostiene que el Gobierno actúa en represalia por haberlo denunciado por violencia política de género, una acusación que ahora se encuentra en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
A nivel internacional, Abad afirma que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de Estados Americanos (OEA) han mostrado preocupación por la situación en Ecuador.
Sin embargo, su futuro político enfrenta incertidumbre, ya que sobre ella pesan tres denuncias penales y cuatro procesos en el TCE, incluyendo una demanda por violencia política de género presentada por Diana Jácome, asesora presidencial. De prosperar, esta demanda podría inhabilitarla políticamente por dos años.
Abad concluyó reiterando su desconfianza en el TCE y asegurando que su denuncia contra Noboa se encuentra "en pausa" tras una extensa audiencia. Según ella, este caso evidencia las irregularidades en el manejo de la justicia y la necesidad de recuperar el equilibrio institucional en el país.
En declaraciones a EFE, Abad afirmó que Noboa "no quiere cumplir con el mandato constitucional" de delegar en ella el cargo cuando tome licencia para hacer campaña por la reelección. Además, calificó la suspensión de cinco meses como un acto "arbitrario" y "violatorio", confiando en que la jueza encargada del caso anule dicha decisión.
Una disputa que se remonta a la campaña electoral de 2023
El enfrentamiento entre Noboa y Abad comenzó durante las elecciones de 2023 y se agudizó al asumir el poder. Uno de los primeros desencuentros ocurrió cuando Noboa la nombró embajadora en Israel, con el encargo de mediar en el conflicto palestino-israelí. Posteriormente, el traslado a Turquía, en medio de las tensiones en Oriente Medio, se convirtió en el punto de partida para su suspensión, al alegar el Gobierno que no cumplió con los plazos establecidos.Abad asegura que su suspensión busca impedirle ejercer como presidenta encargada durante el período electoral. Además, sostiene que el Gobierno actúa en represalia por haberlo denunciado por violencia política de género, una acusación que ahora se encuentra en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Acusaciones mutuas y contexto internacional
El Gobierno ha acusado a Abad de intentar un "golpe de Estado" mediante sus denuncias en el TCE, mientras que la vicepresidenta suspendida considera que Noboa está interfiriendo en otros poderes del Estado. Según Abad, la designación de Sariha Moya como vicepresidenta encargada es una acción sin precedentes y una muestra de "tiranía".A nivel internacional, Abad afirma que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de Estados Americanos (OEA) han mostrado preocupación por la situación en Ecuador.
Perspectivas de Abad en caso de ser restituida
Si la jueza falla a su favor, Abad planea retomar inmediatamente su cargo y garantizar la transparencia del proceso electoral. Asegura que su prioridad será evitar el uso indebido de recursos públicos en la campaña de Noboa, además de abordar temas críticos como la crisis energética, la economía y la migración.Sin embargo, su futuro político enfrenta incertidumbre, ya que sobre ella pesan tres denuncias penales y cuatro procesos en el TCE, incluyendo una demanda por violencia política de género presentada por Diana Jácome, asesora presidencial. De prosperar, esta demanda podría inhabilitarla políticamente por dos años.
Abad concluyó reiterando su desconfianza en el TCE y asegurando que su denuncia contra Noboa se encuentra "en pausa" tras una extensa audiencia. Según ella, este caso evidencia las irregularidades en el manejo de la justicia y la necesidad de recuperar el equilibrio institucional en el país.